Sábado 24 de junio de 2017 - 10:34am

#LeyTelevisaDöring: acompáñenme a ver esta triste historia

abril 12, 2017

1.- La crisis de las televisoras

Las principales televisoras del país se encuentran en crisis. Detrás de la cancelación de programas emblemáticos y la perdida de televidentes por su incapacidad para adaptarse a una realidad en la que plataformas como Netflix van ganando usuarios, hay una crisis financiera que las tiene nerviosas. Las acciones de Televisa han caído más del 10% desde 2015 y por si fuera poco –en plena era Trump- tienen una enorme deuda en dólares. La radiografía de las lesiones de Televisa es más clara en la parte de publicidad. No solo han perdido grandes contratos que llevaron a la cancelación de programación prácticamente recién estrenada, sino que el gran negocio de vender publicidad para engañar a los televidentes presentándola como información, quedó comprometido gracias a la reforma a la Constitución de 2013 y a la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), en 2014; así como por el actuar del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

2.- La crisis del IFT

La reforma a la Constitución y la LFTR, crearon al IFT, un órgano que se suponía autónomo, es decir, libre de injerencias políticas e intereses privados, que tiene la obligación de garantizar el desarrollo de las telecomunicaciones (Internet y televisión de paga) y la radiodifusión (televisión abierta y radio). La reformas y el IFT fueron una creación del Congreso de la Unión (con prácticamente todos los actuales Senadores) siempre con visto bueno de la Presidencia de la República, quienes le dieron facultades para emitir Lineamientos Generales para exigir el cumplimiento de los fines de las telecomunicaciones y la radiodifusión a concesionarias y concesionarios. Así surgieron los Lineamientos para los Derechos de las Audiencias, una serie de obligaciones que deben cumplir las y los concesionarios de televisión y radio para garantizar el derecho a la información.

Si las televisoras no mandaran en las instituciones que las regulan, a estas alturas estaríamos por cumplir dos meses con una televisión y radio muy distintas a lo que conocemos. Muy tarde, pero esos derechos se materializarían en la obligación de distinguir entre opinión de las y los comunicadores, información y publicidad. Los derechos de niñas y niños, de personas con discapacidad y el respeto a los derechos humanos tendrían que verse reflejados eficazmente en las pantallas y respetados en la radio. Todo si los Lineamientos del IFT hubieran entrado en vigor. Pero algo pasó en el camino, que hizo que las y los Comisionados del IFT se comportaran como miembros del consejo de administración de Televisa y no como los funcionarios independientes que deben estar de lado de las audiencias y defendiendo su propia autonomía.

3.- Telegobernadores, Telealcaldes, Telearquidiócesis…

En enero, una cruzada contra los Lineamientos fue emprendida por el impresentable Senador Javier Lozano; Enrique Alfaro, Alcalde de Guadalajara coordinando a todos los alcaldes y alcaldesas de Movimiento Ciudadano en Jalisco; el gobernador de Jalisco; el Senador Miguel Barbosa; los senadores y senadoras del PRI, PAN y PVEM; Miguel Ángel Mancera; Pablo Escudero, Presidente del Senado; la arquidiócesis (tal y como lo lee); y el Presidente de la República. El resultado fue la interposición de una controversia constitucional del Presidente del Senado y otra de Enrique Peña Nieto, a través de Humberto Castillejos, su Consejero Jurídico, acusando al IFT de haber excedido las facultades legales que ellos mismos le otorgaron en 2014. Según estos falsos paladines de la libertad de expresión, los Lineamientos atentan contra el flujo informativo, por establecer la obligación a comunicadoras y comunicadores de distinguir entre opinión e información.

El Senado le aseguró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que defender a las audiencias es facultad del Congreso y Castillejos (háganme el favor) que es facultad del Presidente de la República. Todo para que el IFT pospusiera la entrada en vigor de los Lineamientos.

La autonomía del IFT fue golpeada y los Comisionados (las Comisionadas merecen mención aparte) pusieron la otra mejilla. Ni el Senado ni Presidencia hicieron públicos los textos de las Controversias, pero logramos conocerlos por otras vías. Ambas son de risa loca, pero quien ríe al último, ríe mejor (algo así debió escucharse en una oficina de San Ángel o Chapultepec).
El IFT cedió ante la presión de las televisoras y sus voceros. ¿Por qué? Porque la crisis de las televisoras no les permite perder el negocio de vender publicidad disfrazada de información. La entrada en vigor de los Lineamientos se prorrogó a agosto y el IFT anunció que esperaba que la SCJN resolviera las Controversias.

4.- El regreso de la Telebancada

Bueno, nunca se fue. Pero así como Miguel Barbosa y Pablo Escudero, en el Senado, cumplieron con su papel de personeros de las televisoras y lograron la prórroga de la entrada en vigor de los Lineamientos, en la Cámara de Diputados y Diputadas se comenzó a orquestar lo que podría ser el golpe definitivo a la autonomía del IFT y la contrarreforma a la LFTR.

José Clemente Castañeda Hoeflich, diputado de Movimiento Ciudadano, siguió el guion que “alguien” le pasó a un torpe e improvisado defensor de la libertad de expresión y figura principal de su partido, Enrique Alfaro, quien en enero aseguró que con los Lineamientos “Se tiene que diferenciar la presentación de las noticias de lo que puede ser la opinión de las y los comunicadores con una cortinilla, es decir, tu presentas la noticia luego tienes que poner la cortinilla y luego dices te voy a dar mi opinión. Pero no solo eso, sino que además tu opinión tiene que estar fundada y motivada y si alguien de la audiencia, cualquiera que sea eso de la audiencia, se inconforma te puede demandar y quien se encarga de aplicar las sanciones pues es el mismo Instituto”.

La mentira de Alfaro -repetida por el resto de funcionarios a quienes para nada se les conoce como defensores de la libertad de expresión- creó el ambiente propicio para que las Controversias frenaran la entrada en vigor de los lineamientos y entonces Clemente Castañeda hiciera su movimiento (nada ciudadano): presentar una iniciativa de reforma a la ley para mermar las facultades del IFT. Así comenzó la ruta de la contrarreforma a través de la #LeyTelevisaDoring en el Congreso.

Abierta la puerta por Clemente Castañeda, el diputado del PAN, Federico Döring, propuso quitarle atribuciones al IFT para tutelar los derechos de las audiencias, transfiriéndoselas a la Secretaría de Gobernación y suprimiendo el derecho de recibir información plural, dejando a las y los concesionarios la facultad de autorregularse para supuestamente velar por sus audiencias.

El pasado 5 de abril, sin consultar a nadie distinto a representantes de las televisoras, Lía Limón (Diputada del Partido Verde y Presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados y Diputadas) dictaminó las iniciativas de Castañeda y Döring, proponiendo mermar el concepto de servicio público de radiodifusión y dejar en manos de la Secretaría de Gobernación (de Peña Nieto, pues) la defensa de los derechos de las audiencias.

Un dictamen con esas implicaciones se aprobó en su comisión sin escuchar a académicos, organizaciones y especialistas. Clemente Castañeda denunció el albazo, haciendo como que no se dio cuenta que su oportunismo y los dictados de Movimiento Ciudadano, abrieron la puerta a la contrarreforma. Peor aún, el dictamen ni fue hecho en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿De dónde vino? Todo parece indicar que de las y los concesionarios.

5.- ¿En dónde se escriben las leyes que aprueba el Congreso?

¿Qué pasaría si nos enteráramos que la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción fue redactada por Grupo Higa? Quizás en este país poco, pero tendría que ser un escándalo mayúsculo. Los diputados y diputadas que la aprobaran deberían dejar sus cargos y el proceso legislativo tendría que ser cancelado.

En el caso de la #LeyTelevisaDöring, hay evidencia que muestra el fenómeno común de dictámenes y leyes escritas fuera del Congreso. Irene Levy, quien sí leyó el dictamen que las y los diputados no, reveló esta semana que en la página 54 del documento se lee lo siguiente:

“Si se permite que el Instituto Federal de Telecomunicaciones juzgue y califique la información de “veraz u oportuna”, limitaría la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión, además de que como comunicadoras y comunicadores que somos, nos veríamos compelidos a verificar que nuestras manifestaciones cumplan con tales requisitos, lo que constituye una traba y obstáculo para que nos manifestemos libremente”.

Concluye, Irene Levy: “O sea que ni siquiera les alcanzó (el tiempo, la inteligencia o ambos) a las y los integrantes de esa Comisión para darse cuenta que estaban aprobando un documento que fue redactado por “las y los comunicadores”. Esto es escandaloso”.

Y lo es. Viene a la memoria lo sucedido en 2014, un día antes de que se aprobara la LFTR en el Senado. La Jornada, dio a conocer que el dictamen de la Ley provenía de la oficina de Humberto Castillejos, es decir, de Los Pinos. Un descuido de la Senadora Angélica de la Peña, al enviar un correo electrónico con el dictamen final, incluyó toda la serie de envíos originales, dejando el del jefe de la oficina de Castillejos en el que se leía: “Estimados senadores y senadoras: por instrucciones del consejero jurídico anexo les envío el proyecto de dictamen de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión’’

La Ley se escribió en Los Pinos y la contrarreforma en alguna televisora. De ese tamaño el descaro.
——-
Ya es tradición que en vísperas de elecciones, las televisoras muevan sus fichas en el Congreso para obtener o consolidar sus privilegios. El dictamen de la #LeyTelevisaDöring podría ser presentado la siguiente semana ante el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas para ser votado. De aprobarse, el Senado estaría en posibilidad de hacer lo propio antes de que termine el actual periodo legislativo (el 30 de abril) a la par de la discusión legislativa de temas tan complejos y trascendentes como la Ley de Seguridad Interior; lo que podría hacer que el golpe de las televisoras a las audiencias y al IFT, se diluya en otras coyunturas. La estrategia es clara: si la contrarreforma se consuma, las débiles Controversias presentadas por el Senado y la Presidencia, pierden sustancia, pero el objetivo se cumple. Más se ha escrito por quienes realmente defienden a las audiencias, que por el propio IFT que en un tibio comunicado se limitó a reconocer la facultad del Congreso para modificar la Ley e ignorar el golpe a su autonomía.
Las patadas de ahogado que la crisis de concesionarias y concesionarios y la de la clase política provocan. Así de burdas, las televisoras. Así de chiquitos, legisladores y legisladoras.

Por Alfredo Lecona

Activista. Defensor de derechos humanos. Manifestante. Nació en la Ciudad de México en 1986. Apasionado de la libertad de expresión desde mayo de 2012, cuando jóvenes universitarios dieron una lección de dignidad al país. Ha promovido y acompañado procesos legislativos y políticos desde la sociedad civil y como asesor parlamentario, sin haber pertenecido nunca a partido político alguno. Apartidista. Consultor en temas de libertad de expresión, justicia, corrupción, transparencia y organizaciones de la sociedad civil.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.