Miércoles 23 de agosto de 2017 - 11:44pm

#FiscalCarnal y #FiscalFlorero: más del paquete de impunidad de EPN

marzo 16, 2017

El año pasado, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, hicieron que los congresos de los estados que saquearon, reformaran sus constituciones y designaran fiscales anticorrupción que les cubrieran la espalda cuando salieran de sus encargos. En ese momento la PGR promovió controversias constitucionales contra lo aprobado por los congresos para evitar un escándalo mayor. Hasta el Presidente del PRI pidió al Senado exhortar a la Suprema Corte para que resolviera rápidamente las controversias, lo cual sucedió. A esas reformas de los gobernadores priistas se les llamaron “paquetes de impunidad” y el concepto no podía encerrar mejor la intención de esos corruptos que hoy siguen en libertad.

Hoy, Peña Nieto y el Senado están construyendo su propio paquete de impunidad y no parece haber quien los pare.

En los próximos días, el Senado podría aprobar la designación del Primer Fiscal Anticorrupción, en un proceso sin transparencia ni participación ciudadana efectiva.

Desde el pasado mes de octubre, el Senado aprobó que sea su cúpula, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien proponga al pleno a una sola persona para ser Fiscal Anticorrupción; es decir, la designación prácticamente la estarían arreglando los coordinadores Emilio Gamboa del PRI, Fernando Herrera del PAN, Miguel Barbosa (o Dolores Padierna o Raúl Morón) del PRD y Carlos Puente del Partido Verde.

A pesar de que organizaciones de la sociedad civil pidieron que se instalara un comité ciudadano que evaluara a las candidatas y candidatos en sus comparecencias y propusiera una lista de personas idóneas para ocupar el cargo, las comisiones de Justicia y Anticorrupción del Senado, han decidido reducir la participación de ese comité a testimonial, prohibiendo la incidencia real sobre la decisión de la Junta de Coordinación Política e iniciado las comparecencias esta semana, para designar al Fiscal Anticorrupción la próxima semana.
Pablo Escudero, Presidente del Senado, puso desde diciembre el chantaje y el sentido de urgencia, desde una mentira: “Cada día que no tenemos al fiscal general (sic) ahí, dejamos de hacer una persecución acuciosa de posibles delitos en materia de corrupción”.

Es mentira que Javier Duarte no esté en la cárcel o que no se persiga a César Duarte y a Roberto Borge por no haber un Fiscal Anticorrupción. Llevar a la justicia a esos y otros funcionarios corruptos, sería posible si hubiera voluntad del actual titular de la PGR.

La reforma política de 2014, obligó al Senado a designar al Fiscal Anticorrupción para ocupar ese encargo solo hasta el 18 de noviembre de 2018. Si no se hizo la designación antes, es porque se ha negociado políticamente su nombramiento y justo ahora parece haber un arreglo a cambio de avanzar en temas de una reforma más grande: la de la PGR, que en la misma reforma política de 2014, se estableció que habría de transformarse en la Fiscalía General de la República, para garantizar su autonomía y de la cual dependería el Fiscal Anticorrupción.

De ahí la petición de distintas organizaciones, académicos y activistas agrupados en el Colectivo #FiscalíaQueSirva, para avanzar en el diseño de un nuevo modelo de investigación penal con procesos, mecanismos y personal que garanticen romper el modelo de persecución penal que tradicionalmente ha sido dirigido a derribar adversarios políticos y no a investigar delitos que involucran a altos funcionarios. Se necesita que la nueva Fiscalía General sea autónoma desde su diseño, pero antes de ello, debe reformarse un artículo transitorio de la Constitución que establece que el Primer Fiscal General será quien, en el momento de declarar la creación de la Fiscalía General, sea titular de la PGR.

El actual Procurador es Raúl Cervantes Andrade, el “Fiscal Carnal”, designado por Peña Nieto el pasado mes de octubre y ratificado en menos de 24 horas por el Senado, del cual formaba parte. Cervantes es primo hermano del Consejero Jurídico de la Presidencia y ex abogado general del PRI, ¿alguien podría creer que sería un fiscal autónomo y que perseguiría con imparcialidad a los miembros de su partido? Tras las críticas a su nombramiento, el mismo Peña Nieto envió al Senado una iniciativa de reforma al artículo transitorio que daba el pase automático de Cervantes a la Fiscalía General de la República, que ni siquiera ha sido dictaminada por el Senado.

Por todo lo anterior es que Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía General, van de la mano. De hacerse la designación del Fiscal Anticorrupción en estos días, su autonomía sería de papel, pues en los hechos dependería presupuestal y operativamente de la PGR de Raúl Cervantes y apenas estaría ocupando su asiento, cuando en noviembre de 2018 tendría que salir. En esos términos, el anhelado Fiscal Anticorrupción, sería una figura decorativa de la PGR,. De ahí que Carmen Aristegui se refiriera a un Fiscal en esas condiciones como un “Florero”, cuando entrevistaba a César Chávez, el ex visitador de la PGR que preparó un informe sobre graves violaciones al proceso en el caso Ayotzinapa, que fue cambiado tras ser destituido. Chávez es uno de los 30 aspirantes a Fiscal Anticorrupción y ha dirigido su crítica a los problemas institucionales de la PGR y su falta de autonomía. Es sintomático que un ex funcionario de la PGR insinúe corrupción de la institución, mientras participa en el proceso de designación del Fiscal Anticorrupción, ¿no?

El Acuerdo de las Comisiones del Senado ante las que están compareciendo las candidatas y candidatos, estableció que el Comité Técnico de Acompañamiento estaría integrado por ciudadanos propuestos por las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron los procesos legislativos del Sistema Nacional Anticorrupción. Todas las organizaciones declinaron la participación por no existir condiciones para una designación transparente y entonces el Senado llamó a seis académicos y al ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, para integrar un comité sin capacidad real de incidencia, para tratar de legitimar el proceso. Un Comité Florero para elegir a un Fiscal Florero.

Y mientras la designación del Fiscal Florero avanza, se negocian, en lo oscuro, asuntos de la Reforma a la PGR. Por eso el colectivo #FiscalíaQueSirva ha exigido al Senado, la cancelación del proceso de designación del Fiscal Florero hasta que no se avance, de cara a la Sociedad, en las reformas necesarias para lograr un diseño institucional de la nueva Fiscalía General, que logre un cambio sustantivo respecto de la PGR y reduzca la impunidad de delitos de alto impacto social; así como para contar con un proceso público de designación del Fiscal General que garantice la elección de una persona con base en su independencia, su mérito y su prestigio. Se pide lo lógico: crear una institución donde quepan un Fiscal Anticorrupción y un Fiscal General autónomos, antes de cualquier designación.

El PAN en el Senado afirmó el pasado domingo que no se nombrará al Fiscal Florero hasta que no se culmine a legislación pendiente que garantice la autonomía de la Fiscalía General y la independencia de su titular; sin embargo, si las comparecencias se realizan esta semana sin modificar el acuerdo que permite que la Jucopo haga una sola propuesta de Fiscal Anticorrupción al Pleno; y no se permite que la sociedad incida efectivamente en la generación de una lista de candidatas y candidatos, la amenaza de que el nombramiento se haga de un momento a otro seguirá latente, una vez que hayan recaído los dictámenes de idoneidad de las 30 candidatas y candidatos que quedan.

El Senado debería parar el proceso de designación y corregir los errores y deficiencias. El Fiscal Anticorrupción ocupará una silla del Sistema Nacional Anticorrupción, pero no debe ser un simple adorno del mismo. Es preferible que Cervantes se siente en esa silla como titular de la PGR mientras se crea una Fiscalía que sirva, a que el sentido de urgencia haga que los temas prioritarios se pongan en una negociación simplona y opaca de la cúpula senatorial.

El próximo viernes 17 de marzo, #FiscalíaQueSirva comparecerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, para exponer estos temas. Se ha invitado a representantes del Senado a estar presentes en la audiencia, como parte del Estado Mexicano.

Si el Senado hace caso omiso y avanza en la designación, se consolidará como autor del paquete de impunidad de Peña Nieto y los funcionarios corruptos del sexenio. Es increíble que sigan sin entender que la sociedad ya no merece más de lo mismo. Quizás haber metido la reforma al sistema de procuración de justicia en la reforma política de 2014, fue un lapsus que explica cómo se ha usado ese sistema para fines políticos. Un modelo que ya no aguanta más.

Por Alfredo Lecona

Activista. Defensor de derechos humanos. Manifestante. Nació en la Ciudad de México en 1986. Apasionado de la libertad de expresión desde mayo de 2012, cuando jóvenes universitarios dieron una lección de dignidad al país. Ha promovido y acompañado procesos legislativos y políticos desde la sociedad civil y como asesor parlamentario, sin haber pertenecido nunca a partido político alguno. Apartidista. Consultor en temas de libertad de expresión, justicia, corrupción, transparencia y organizaciones de la sociedad civil.

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