Jueves 19 de octubre de 2017 - 3:04pm

7 claves del Sistema Nacional Anticorrupción

julio 21, 2017
7 claves del Sistema Nacional Anticorrupción
0

Venció el plazo *1. El martes 18 de julio fue el último día para que las legislaturas de los estados adecuaran sus normas correspondientes para armonizarlas con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Es el anhelo: contar con instituciones robustas, legislación adecuada, funcionarias y funcionarios independientes para combatir la corrupción e impunidad que de acuerdo con el estudio México: Anatomía de la Corrupción de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), llega a costarnos entre el 9 y el 10 por ciento del PIB.

En los últimos meses, a raíz de los escándalos de corrupción de los gobernadores que saquearon sus estados, ha quedado claro que los costos de la corrupción trascienden lo económico. Las violaciones a los derechos humanos generados por la corrupción política e institucional, impactan directamente en la educación, salud, seguridad y vida de las personas. La tolerancia a la corrupción se ha vuelto más estrecha en la sociedad y a pesar de lo que se ha construido para combatirla, las resistencias de la clase política siguen minando el camino a la construcción de un Estado Democrático de Derecho.

Para muestra un ejemplo: En el informe sobre la Cuenta Pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación, reporta que la Gendarmería Nacional se le destinaron 2 mil 842 millones de pesos para la realización de 10 mil operativos de disuasión, reacción, contención y restablecimiento del orden público. De esos 10 mil operativos, la Gendarmería solo acreditó la implementación de 75, el 0.8 por ciento.

Hoy, que se dice que ha entrado en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, es importante hacer una alto en el camino y revisar con qué tanto vigor llegamos a la línea de salida y los antecedentes que dieron paso a una gran oportunidad de cambio.

#Ley3de3

La #ley3de3, proveniente de la iniciativa ciudadana más respaldada en la historia del país, buscó obligar a las y los funcionarios a publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, es decir, a transparentar sus bienes, sus relaciones y negocios en el sector privado y el pago de sus impuestos; además de crear sanciones más efectivas contra la corrupción de quienes viven del erario. En verdad, la #Ley3de3 (Ley General de Responsabilidades Administrativas) solo fue una de tres leyes que se aprobaron (y cuatro más que se crearon) para dar vida al SNA.

¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción?

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es el conjunto de instituciones, leyes, funcionarias y funcionarios que deben interactuar entre sí, para investigar, sancionar los actos de corrupción y proponer cambios legales para hacerlo cada vez mejor. El SNA funciona a través de un Comité Coordinador en el que hay 7 sillas ocupadas por: el Presidente del INAI (que debe garantizar la transparencia y acceso a la información) el Auditor Superior de la Federación (que revisa el gasto público de todo el país), La Secretaria de la Función Pública (que vigila a las y los funcionarios federales), El Fiscal Anticorrupción (que investiga y persigue delitos de corrupción), el Presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (que juzga las irregularidades en la administración pública), un representante del Consejo de la Judicatura Federal (que evalúa el desempeño de todos los jueces y magistrados federales) y la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana (un nuevo órgano compuesto por 5 ciudadanas y ciudadanos independientes y apartidistas que vigila el funcionamiento del Sistema).

Ciudadanos y ciudadanas vigilando a funcionarios y funcionarias

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) es uno de los mayores logros del SNA. Además de que preside al Comité Coordinador, sus integrantes fueron elegidos por una Comisión de Selección integrada por 9 ciudadanas y ciudadanos de trayectoria académica que nunca han militado en partidos políticos. Sin embargo, hasta hoy, el Comité de Participación Ciudadana no ha recibido recursos y no tienen un lugar fijo para sesionar. Las y los ciudadanos electos por ciudadanos y ciudadanas han estado trabajando en los lugares que les facilitan las organizaciones civiles.

Por si fuera poco, en las últimas semanas, el CPC estuvo bajo un ataque traducido en primeras planas calumniosas de El Universal y en las declaraciones del Presidente del Senado, Pablo Escudero, que acusaron opacidad y la existencia de “cuotas y cuates” en el proceso de selección. En respuesta la Comisión de Selección publicó el Libro Blanco del proceso de designación del CPC , un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas único en el país que debiera ser ejemplo para las designaciones que (esas sí) en opacidad, se hacen en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales.

Comité Coordinador en tiempos de un #GobiernoEspía.

El pasado 3 de julio, el Comité Coordinador del SNA se negó a solicitar información al Presidente sobre el malware Pegasus, el poderoso programa de espionaje que tiene la PGR y otras instituciones de seguridad, usado para espiar a políticos de oposición, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y a un menor de edad.
Por increíble que parezca, se rechazó la simple solicitud de información, sobre un tema que involucra la posible corrupción de funcionarios públicos, traducida en el uso indebido de una herramienta adquirida con recursos públicos. Lo anterior solo puede explicarse a partir del entendimiento de quienes están sentados en las sillas del Comité Coordinador.

Cuatro de las siete instituciones que conforman el órgano de gobierno del SNA, están ocupadas por funcionarios cercanos al Presidente: La silla del Fiscal Anticorrupción la ocupa el Procurador Raúl cervantes, porque el Senado no ha designado a un fiscal, desde 2014. El representante del Consejo de la Judicatura es Alfonso Pérez Daza, quien fue Fiscal de Delitos Electorales del Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador. La Secretaria de la Función Pública es Arely Gómez (quien en su gestión al frente de la PGR permitió el uso de Pegasus a su jefe de oficina, funcionario sin facultades de vigilancia de comunicaciones privadas). El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es Carlos Chaurand, exsenador del PRI y cuota del mismo partido en la designación de magistrados de ese Tribunal.

Quien propuso la solicitud a Peña Nieto, fue la representante del Comité Ciudadano del Sistema y salvo ella, todos los miembros del Comité Coordinador (menos el Procurador, quien no asistió a la sesión) votaron en contra.

Si alguien duda que los espacios ocupados por amigas y amigos del presidente no afectarían las decisiones del Comité Coordinador, lo sucedido en este caso debe ser una señal de alerta.

Fiscal Anticorrupción

Aunque la falta de designación del Fiscal Anticorrupción ha sido lo más referido como el gran pendiente del Sistema Nacional Anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil que forman el colectivo #FiscalíaQueSirva, han expuesto que lo más importante no es su designación, sino toda la transformación de la PGR, pues el presupuesto para la fiscalía y la aprobación de sus ministerios públicos, dependerían del Procurador General de la República, quien a su vez depende del Presidente. Además, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción lleva atorado más de dos años en el Senado y solo duraría en su encargo hasta el 18 de noviembre de 2018. Quienes han presionado para que se designe a uno, han dicho que sin él no se pueden hacer investigaciones acuciosas sobre hechos de corrupción; sin embargo, en los últimos meses se han girado órdenes de aprehensión contra exgobernadores acusados de corrupción y varios de sus funcionarios; algunas –como en el caso de Roberto Borge- han sucedido en momentos políticamente oportunos para el gobierno federal y el PRI. Por eso es importante que pese a la presión, se centre la atención en un diseño que de verdadera autonomía a la Fiscalía General de la República y que su titular no sea el amigo del presidente.

¿Y los estados?

Como se ha mencionado, cada estado de la República tuvo que implementar sus Sistemas Locales Anticorrupción, siguiendo el modelo del SNA, antes del 18 de julio. El plazo llegó sin que Chihuahua, Coahuila, Tlaxcala y Veracruz adecuaran su legislación al modelo nacional.

Pero muchas de las entidades que sí “cumplieron”, tampoco lo hicieron adecuadamente, colocando todo tipo de trabas y excesos para controlar nombramientos desde Congresos controlados por los gobernadores, poniendo más sillas de las 7 que debieran tener los Comités Coordinadores de los Sistemas Locales o atando la autonomía de sus Fiscales Anticorrupción desde la ley.
La actualización más completa sobre el cumplimiento de los estados en la implementación de sus Sistemas Locales Anticorrupción, es la presentada por Opciona en la plataforma SNA Honesto.

Vamos por Más

Tal y como lo declararon decenas de organizaciones, el pasado 17 de julio, no hay duda de que el SNA está despertando y despertando resistencias. A través de cuatro puntos y bajo la declaración #VamosPorMás, el colectivo propuso fortalecer al naciente SNA a partir de la discusión a fondo y una reforma constitucional que resulte en una Fiscalía General autónoma, independiente, eficaz y con controles democráticos adecuados; nombramientos apegados a mejores prácticas de quienes han de operar los sistemas anticorrupción a nivel federal y local; recursos suficientes que aseguren la independencia y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana de los estados y en el nacional; y reformas legislativas que, entre otras, incluyen las Leyes de Adquisiciones y Obra Pública, las relativas a las finanzas de los partidos y el fuero de funcionarios, funcionarias, legisladoras, legisladores, gobernadoras y gobernadores.
A pesar de las resistencias y pendientes, el SNA es la oportunidad más importante que ha surgido en décadas para el combate institucional contra la corrupción y la impunidad. Defenderlo significa denuniar los ataques, exigir transparencia en los nombramientos de funcionarios y funcionarias y nombrar las resistencias. Es eso o la simulación.

1 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo Segundo Transitorio: “Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto”.

Por Alfredo Lecona

Activista. Defensor de derechos humanos. Manifestante. Nació en la Ciudad de México en 1986. Apasionado de la libertad de expresión desde mayo de 2012, cuando jóvenes universitarios dieron una lección de dignidad al país. Ha promovido y acompañado procesos legislativos y políticos desde la sociedad civil y como asesor parlamentario, sin haber pertenecido nunca a partido político alguno. Apartidista. Consultor en temas de libertad de expresión, justicia, corrupción, transparencia y organizaciones de la sociedad civil.

Comments are closed.